El objetivo del presente artículo consiste en analizar el poder de esclarecimiento litigioso que tiene el juez por medio de las potestades instructoras, como así también, su relación con los principios procesales en materia probatoria. La importancia de las facultades instructoras de los jueces son por demás conocidas, sobre todo en los tiempos actuales en los que la ciudadanía reclama una mayor intervención de la judicatura, a través de la participación activa del magistrado en el proceso, que deja de ser un mero aplicador de normas y se convierte en un creador de soluciones. Sin embargo, la cuestión se plantea en torno a: ¿Qué sucede cuando el dictado de una medida para mejor proveer resulta ser el elemento probatorio determinante para resolver un conflicto?
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