La sentencia de 3 de septiembre de 2014 declaró que la normativa española del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contravenía el Derecho comunitario al discriminar a los no residentes en España que tenían su residencia en un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE).El legislador reformó la Ley del impuesto para evitar que dicha discriminación continuara produciéndose, pero continuó discriminando a los no residentes que no residían en ningún Estado miembro.El Tribunal Supremo ha considerado que esta situación también es contraria al Derecho comunitario y, ahora, la misma Administración, aplicando la jurisprudencia más reciente, exige que se aplique el principio de no discriminación a todos los no residentes.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados