Un aspecto importante de la política legislativa de transportes es ofrecer el pasajero la seguridad jurídica necesaria, en el sentido de que, si se produce alguna anomalía en el cumplimiento del contrato de transporte, sí se vulneran sus derechos como consumidor, existirá una vía de reclamación adecuada para obtener la tutela de sus derechos e intereses legítimos. El panorama existente en nuestro ordenamiento ha sufrido una cierta modificación debido a la necesidad de adaptación a las previsiones comunitarias. La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español La Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, tiene unos efectos importantes también en el ámbito de la resolución de conflicto de transporte terrestre de viajeros.
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