Se analiza lo que a juicio del autor constituye una insatisfactoria utilización, por parte de la institución del Defensor del Pueblo, de su legitimación activa para interponer recursos de inconstitucionalidad. Considera el autor que en materia de legitimación para presentar recurso de inconstitucionalidad o desistir del mismo, debe diferenciarse entre «órganos institucionales» (guardianes de la Constitución) y «sujetos que protagonizan el debate político» u «órganos políticamente interesados».
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados