Resumen de La pobreza energética y el papel de las políticas públicas para garantizar el acceso a servicios de energía asequibles, confiables y sostenibles para todos.
Cristina Ramos Santamaria, Joana Mundo Olive
Los elevados precios de la energía, los bajos ingresos, la baja calidad de la edificación y la baja protección del consumidor, son las causas que conducen a las personas hasta la Pobreza Energética. Las consecuencias de esta situación son el exceso de muertes en invierno, aumento de problemas respiratorios y cardiovasculares, hospitalizaciones, enfermedades mentales, efectos negativos en la vida social, aumento de la deuda de las familias.
Actualmente, existen entre 50 y 125 millones de personas en la UE en situación de vulnerabilidad de sufrir pobreza energética. Para estas familias la duda es: ¿calentarse o comer? Y la respuesta es que 54 millones de hogares no pueden permitirse calentar sus viviendas.
Es necesario evaluar las Políticas Sociales, asegurando el acceso a servicios energéticos asequibles y de calidad, sin impactos sociales, ambientales y económicos.
Las tipologías de políticas existentes están focalizadas en el ámbito social, en el sector energético o en un enfoque mixto.
En las políticas públicas europeas actuales encontramos diferentes medidas correctivas, como son el apoyo económico a las familias, la gestión de la deuda o la mediación; estas son medidas de transición que sirven de socorro a corto plazo a las familias, pero que no atacan las causas estructurales de la pobreza energética, son únicamente medidas de emergencia.
A diferencia de las medidas correctivas, las medidas preventivas tienen un enfoque a largo plazo, como los métodos de protección directa (prohibición del corte de suministro), las tarifas sociales, las medidas de eficiencia energética y energías renovables, la información y protección del consumidor.
Unas políticas coordinadas deberían englobar por igual tanto medidas de emergencia o correctivas, como medidas preventivas que abarquen totalmente la salud, el bienestar, la vivienda y la energía, y de este modo crear comunidades más resilientes y sostenibles, con una mejor gobernanza y por tanto un mejor uso de los fondos públicos.
