La reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público comporta un cambio de paradigma en la medida en que convierte la contratación pública en un instrumento de intervención económico-social tendente a la consecución de fines que trascienden el objeto concreto de cada contrato y la mera política de aprovisionamiento. Un número apreciable de preceptos de este extenso texto normativo se focaliza en las personas con discapacidad, aunque no siempre desde el mismo prisma. La contratación socialmente responsable encierra un potencial reconocido en la consecución de determinados objetivos (señaladamente el empleo de colectivos en riesgo de exclusión en general, y de los discapacitados en particular) que, sin embargo, encuentra también zonas de penumbra. Las limitaciones provocadas por el juego de algunos principios de la contratación, la posible contradicción entre objetivos sociales, la tendencia al empleo segregado… son sólo algunos ejemplos de aquellos aspectos que pueden convertirse en rémora de la nueva legislación.
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