Daniel Català Pérez, María de Miguel Molina
Los gobiernos actuales se ven obligados a afrontar los retos que fenómenos como la globalización, el desarrollo tecnológico, los cambios demográficos, la crisis financiera o las posteriores políticas de austeridad han planteado y plantean a la sociedad y al bienestar de la misma. El desempleo, el envejecimiento de la población, las crecientes desigualdades sociales, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la ciberseguridad o la inmigración son algunos de los espacios de vulnerabilidad social que requieren de nuevas soluciones en un marco institucional diferente y con la participación de nuevos y más variados actores. En este contexto, la innovación social, en tanto que proceso de generación e implementación de nuevas ideas para crear valor para la sociedad mediante servicios y procesos nuevos o ejorados, se perfila como un mecanismo adecuado para adaptar las políticas sociales a los espacios de vulnerabilidad social mencionados. Además, si situamos la innovación social en el marco de la Open Innovation, según el cual la innovación se genera a partir de la experimentación, cooperación y colaboración entre administraciones públicas, universidades y agentes de investigación e innovación, empresas y sociedad civil o ciudadanía, nos encontramos ante el que podríamos considerar como un modelo de gobernanza horizontal de las políticas sociales, íntimamente relacionado con conceptos como welfare-mix, coproducción o Nuevo Servicio Público.
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