La nueva Ley de contratos no recoge de forma sistemática una regulación de la compra pública de las tecnologías de la información y la comunicación. Dota de instrumentos generales para la mejora de la eficiencia y transparencia de la contratación administrativa e, incluso específica para el sector, como la incorporación de especialidades en la contratación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas del art. 308.3 de la LCSP. Persisten, sin embargo, multitud de interrogantes.
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