Las deficiencias presentadas por la legislación republicana sobre patrimonio histórico en relación a la protección de la dimensión urbana y territorial de los bienes inmuebles, propicia que la administración cultural, a partir de esa fecha, promulgue una serie de normas de diferente rango con al finalidad de superar el carácter monumentalista y exclusivamente conservacionista que disponía aquella legislación. De estas normas, las mas importantes serán las "instrucciones para la defensa de los conjuntos históricos", dictadas en torno a los años sesenta y que constituirán el inicio de la aplicación sobre los conjuntos históricos de criterios, procedimientos e instrumentos de índole urbanístico, lo cual, no obstante, propiciara una confrontación con lo dispuesto en este mismo sentido por la legislación urbanística.
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