La responsabilidad penal en materia de seguridad y salud en el trabajo

• Juan Gil Plana ^[1]
  1. [1] Universidad Complutense de Madrid

     Universidad Complutense de Madrid

     Madrid, España

     
• Localización: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ISSN 2254-3295, Nº. 138, 2018 (Ejemplar dedicado a: Derecho del trabajo: Prevención y protección de los riesgos profesionales), págs. 435-482
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Criminal responsibility on health and safety at work
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• Resumen
  • español

    La protección de la vida y salud de los trabajadores se hace desde la óptica preventiva, se trata de evitar que se generen riesgos no de repararlos. Sin embargo, la realidad evidencia que los riesgos se actualizan y producen daños que afectan a los trabajadores debido a varios factores, como por ejemplo, la existencia de riesgos en determinadas actividades que no se pueden eliminar, o el intento de ahorro de costes por parte de las empresas mediante el incumplimiento de las normas preventivas.

    Cuando el riesgo se actualiza, el ordenamiento debe poder responder a la demanda de los afectados de cara a su reparación o resarcimiento. En materia de seguridad y salud se contempla todo un sistema de mecanismos que permiten exigir la responsabilidad por los daños causados, que se caracteriza por la confluencia de varias posibilidades que se ofrecen a los afectados. Debe advertirse que estos mecanismos de exigencia de responsabilidad que actúan ex post a la actualización del riesgo, también llevan implícita una vocación preventiva, en la medida en que los obligados a cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo son conocedores de que se desplegará sobre ellos todo un elenco de instrumentos encaminados a depurar sus responsabilidades ante los daños causados;

    convirtiéndose en instrumentos desincentivadores de conductas infractoras.

    Uno esos mecanismos de depuración y exigencia de responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo se encuentra establecido en el ordenamiento penal, al que hace referencia la propia LPRL cuando, al hablar en el artículo 42 de la responsabilidad administrativa, menciona expresamente que el incumplimiento de la normativa preventiva puede generar una responsabilidad de naturaleza penal.

    En el presente trabajo se ha tratado de indagar en las opiniones doctrinales y en los criterios judiciales para determinar una visión de la responsabilidad penal ante incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales. Sobre estas premisas se ha analizado con detenimiento los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores previstos en los artículos 316 y 317 CP que tipifican como conducta punible, mediando dolo o imprudencia, la de quien con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando obligados legalmente a ello, no facilita los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.

    Se procede a exponer las cuestiones más controvertidas en relación a los elementos que configuran la conducta penal tipificada en los artículos 316 y 317 CP, a saber: un elemento normativo, como es la infracción de las normas de prevención; un elemento fáctico, como es la omisión de medidas necesarias y adecuadas; y un elemento valorativo, como es la generación de un riesgo grave para la vida y salud de los trabajadores.

    A continuación se ofrece un detallado análisis de la dimensión subjetiva en este delito, tanto en lo relativo a los posibles sujetos activos y pasivos, como en lo concerniente a la forma de comisión, dolosa o imprudente. Se procede a analizar los posible sujetos activos partiendo de la premisa establecida en el artículo 316 CP en la expresión «los obligados legalmente»; así como los sujetos pasivos, con una especial atención al trabajador autónomo. Como estamos ante un delito que admite la culpabilidad tanto en su forma dolosa como en su forma imprudente, siendo el único de los delitos contra los derechos de los trabajadores que penaliza la imprudencia, procediendo a exponerse las principales notas características de cada una de ellas.

    De forma más sucinta se exponen las otras dos vías penales –los delitos de homicidio y lesiones y los delitos catastróficos– para reparar los incumplimientos de la normativa de seguridad y salud laboral, efectuando un contraste con el delito configurado en el artículo La posibilidad de que un incumplimiento de la norma preventiva pueda desencadenar la aplicación de varios tipos delictivos plantea la necesidad de abordar las situaciones concursales, para determinar qué reglas se han de aplicar –concurso aparente de normas o concurso de delitos– para imponer las penas.

    Se cierra el ensayo con una exposición de la posible compatibilidad de la sanción penal con las exigencias de responsabilidades de otras índoles, con especial atención a la compatibilidad con la sanción administrativa y la aplicabilidad del principio non bis in ídem.

    A pesar de esta diversidad de vías para exigir posibles responsabilidades penales derivadas de la infracción de la normativa penal, se ha de evidenciar que la realidad judicial –tanto en el pasado como en el presente– nos permite concluir que la exigencia de responsabilidad penal se encauza a través de los delitos genéricos de homicidio o lesiones, siendo excepcional que la misma se solicite al amparo exclusivo del delito especial de omisión de medidas de seguridad e higiene. Dicho de otra manera, la dimensión penal de la exigencias de responsabilidad parece que viene caracterizada por el hecho de que sólo cuando se produce la muerte o se generan lesiones es cuando se pone en marcha.

  • English

    The protection of the life and health of workers is done from the preventive point of view, it is about avoiding that risks are generated, not about repairing them. However, reality shows that the risks are updated and produce damages that affect workers due to several factors, such as the existence of risks in certain activities that can not be eliminated, or the attempt to save costs by of companies through non-compliance with preventive regulations.

    When the risk is updated, the order must be able to respond to the demand of those affected for reparation or compensation. In terms of safety and health, a whole system of mechanisms is contemplated that allows for liability for damage caused, which is characterized by the confluence of several possibilities offered to those affected. It should be noted that these liability mechanisms that act ex post to update the risk, also imply a preventive vocation, to the extent that those required to comply with occupational safety and health regulations are aware that it will be deployed on them a whole list of instruments aimed at purifying their responsibilities in the face of the damage caused;

    becoming instruments to discourage offenders behavior.

    One of these mechanisms for debugging and demanding responsibilities in matters of occupational safety and health is established in the criminal law, to which the LPRL itself refers when, in article 42 of the administrative responsibility, it expressly mentions that the Failure to comply with the preventive regulations may lead to a criminal liability.

    In this doctrinal study we have tried to investigate doctrinal opinions and judicial criteria to determine a view of criminal responsibility for breaches of the rules of prevention of occupational hazards. On these premises has been analyzed carefully the crimes against the safety and health of workers provided in articles 316 and 317 CP that typify as punishable conduct, through intent or recklessness, the one who violates the rules of prevention of occupational risks and being legally obliged to do so, does not provide the necessary means for workers to carry out their activity with the appropriate safety and hygiene measures, in such a way that they put their life, health or physical integrity in serious danger.

    We proceed to present the most controversial issues in relation to the elements that make up the criminal behavior typified in Articles 316 and 317 PC, namely: a normative element, such as the violation of the rules of prevention; a factual element, such as the omission of necessary and adequate measures; and an evaluative element, such as the generation of a serious risk to the life and health of workers.

    Below is a detailed analysis of the subjective dimension in this crime, both in terms of possible active and passive subjects, and in regard to the form of commission, intentional or reckless. We proceed to analyze the possible active subjects starting from the premise established in article 316 CP in the expression «those legally bound»; as well as the passive subjects, with a special attention to the autonomous worker. Since we are dealing with a crime that admits guilt, both in its fraudulent way and in its reckless form, being the only one of the crimes against the rights of workers that penalizes imprudence, proceeding to expose the main characteristics of each of them.

    More succinctly, the other two criminal procedures – the crimes of homicide and injury and catastrophic crimes – are exposed to redress the breaches of occupational health and safety regulations, making a contrast with the offense set forth in article 316 of the Criminal Code.

    The possibility that a breach of the preventive rule may trigger the application of various types of crime raises the need to address the situations of bankruptcy, to determine which rules are to be applied – apparent competition of rules or contest of crimes – to impose penalties.

    The essay is closed with an explanation of the possible compatibility of the criminal sanction with the requirements of other types of responsibilities, with special attention to the compatibility with the administrative sanction and the applicability of the principle of non bis in idem.

    Despite this diversity of avenues to demand possible criminal liability derived from the infraction of criminal law, it must be shown that the judicial reality – both in the past and in the present – allows us to conclude that the requirement of criminal responsibility is channeled through the generic crimes of homicide or injury, being exceptional that it is requested under the exclusive protection of the special offense of omission of safety and hygiene measures. In other words, the criminal dimension of liability demands seems to be characterized by the fact that only when death occurs or injuries are generated is it set in motion.