Los actos administrativos proferidos por la Fiscalía General de la Nación no son inmunes al control natural de un Estado de Derecho. Es así como aquellos relacionados con la delegación y asignación de fiscales especiales se encuentran regidos por los principios de legalidad y debido proceso, controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa, pero también por los jueces penales competentes, a través de los cuales se juzgan sus vicisitudes. La nulidad desempeña un papel importante en el control del ejercicio de la acción penal en tanto expresión de control de un acto administrativo, sujeto necesaria e inescindiblemente a la legalidad y al debido proceso.
The administrative acts issued by the Attorney General’s Office are not immune to the natural control of a State of Law. Thus, those related to the delegation and assignment of special prosecutors are governed by the principles of legality and due process, controllable by the administrative contentious jurisdiction, but also by the competent criminal courts, through which the vicissitudes are judged. The nullity plays an important role in the control of the exercise of criminal action as an expression of control of an administrative act, a necessary and undeniable subject to legality and due process.
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