La llegada de la Segunda República Española supone la reactivación de los viejos nacionalismos y regionalismos en el Estado español. La aparición de un nuevo modelo de Estado trae consigo el replanteamiento de su administración. Así, aunque la Constitución de 1931 no determina una organización estatal previa, ni fijaba un «mapa regional o autonómico», sí ofrece la posibilidad, a las regiones que lo deseasen, de acceder a la autonomía
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