España, a lo largo de estos cuarenta años de historia constitucional, ha logrado éxitos indudables en la construcción de un sistema al servicio de la erradicación de la violencia contra la mujer por razón de género. Nuestro país es pionero, internacionalmente, por su compromiso, su normativa, su régimen de recogida y difusión de datos y por el entramado institucional y de recursos dedicado a erradicar la violencia contra la mujer. Concebida como una cuestión de Estado, sobre todo a raíz de la aprobación del Pacto de 28 de septiembre de 2017, esta labor se enfrenta a numerosos desafíos: las cifras de la violencia de la mujer continúan siendo alarmantes. Parece claro que haber conseguido la igualdad legal no es óbice para que se mantenga la desigualdad real entre hombres y mujeres, que, en demasiadas ocasiones acaba dañando sus derechos fundamentales a la integridad física y moral e, incluso, a la vida.
Along the last forty years, since the 78 Constitution was approved, Spain has improved enormously in the eradication of violence against women. Our country is an international reference due to its commitment, legal framework, data collection and institutions & public resources involved in combating gender based violence. Now seen as a real «State issue», after the parliamentary approval of the State Agreement on this matter (on the 28th of September 2017) there are important challenges as figures are still alarming. Reaching legal equality between men and women does not mean that real inequality does not exist any more. Too often, discrimination of women ends up attacking their basic human rights, such as physical and psychological integrity or life.
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