El apoyo público a la vivienda de promoción privada entre 1940 y 1978 estuvo condicionado, además de por objetivos sociales, por el papel económico que la actividad inmobiliaria desempeñó en la estructura económica y por factores de carácter político. Por este motivo, la normativa y las medidas adoptadas permitieron que las promociones privadas protegidas pudieran ser destinadas a grupos sociales solventes.
En esta comunicación se analiza el destino social de las promociones realizadas en este periodo en Las Palmas de Gran Canaria. En función del análisis del tamaño y de la localización de los inmuebles se observa que un porcentaje de las mismas tuvo un fin social inadecuado.
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