Las heridas entre Cataluña y el resto del Estado –y también en la propia sociedad catalana- aún siguen abiertas después de 12 meses del referéndum del 1 de octubre de 2017. Cargos públicos exiliados o encarcelados en prisión preventiva, acusados de delitos por los que podrían pasar muchos años en prisión. Aplicación por primera vez en la historia de la intervención por el Estado de una comunidad autónoma –artículo 155 de la Constitución-; un distanciamiento sin precedentes entre dos territorios, y la perspectiva de una solución lejana, pese a que ahora la cuestión está en otras manos distintas a los que protagonizaron aquel momento, tanto en Madrid, como en la Generalitat.
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