En este trabajo se analizan las virtualidades de la vigente Ley 197/2013 de transparencia, gobernanza y buen gobierno a partir de un caso de “reformatio in peius”. En concreto, se examinan las posibilidades reales de conseguir, tras la entrada en vigor de dicha Ley, una información relativa a la evaluación de la actividad investigadora que fue imposible obtener en un recorrido judicial previo que, desde una reclamación administrativa, llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasando por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional.
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