La existencia de delitos religiosos en un Estado laico resulta problemática en la medida en que el principio de neutralidad impide que los poderes públicos tomen partido por una u otra confesión. Sin embargo, no puede ignorarse el hecho de que la identidad religiosa de las personas constituye un elemento clave en la configuración de las sociedades multiculturales. La cuestión que se analiza en este trabajo es si el reconocimiento de las singularidades religiosas de cada individuo o comunidad puede justificar una política criminal encaminada a la protección de dicha identidad.
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