El cambio en la Preseidencia del Gobierno ha supuesto el retorno a una situación política favorable al impulso de la Memoria Histórica, volviendo al punto de partida de 2011, último ejercicio fiscal que contó con presupuesto público destinado a la puesta en marcha de la ley promulgada cuatro años antes. Una ley que ahora es necesario actualizar y determinar qué papel han de tenr los archivos en una reforma que debe buscar también la repración jurídica de las víctimas, pretendida en la ley de 2007.
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