El presente artículo pretende demostrar cómo los cambios que últimamente se introducen en el Código penal y en la legislación procesal responden a una tendencia consensuada desde ambos sectores normativos. Con esa convicción, se exponen y analizan las principales directrices fruto de esa tendencia común, y cómo están provocando en el proceso penal una verdadera y progresiva mutación respecto de su concepción histórico-garantista.
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