De acuerdo con la ley mexicana, los particulares pueden otorgar educación superior en sus distintos tipos y modalidades. Sin embargo, a lo largo de los años, los mecanismos regulatorios para proteger a los alumnos y al sistema han demostrado ser insuficientes, ya que numerosas instituciones de baja calidad han proliferado (Rodríguez, 2004; Acosta, 2011, Cuevas, 2011a; De Garay, 2013; y Buendía 2016). La flexibilidad de las regulaciones y la falta de control y de sanciones cuando se viola la ley, hacen necesario estudiar los mecanismos regulatorios para comprender qué constriñen y qué capacidades otorgan, con la finalidad de emitir recomendaciones que ayuden a mejorarlos.
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