El objeto de esta comunicación es mostrar el debate que sobre la enajenación de terrenos baldíos y de propios se desarrolló en las Cortes de Cádiz y que, a la postre, quedó sustanciado en el decreto de 4 de enero de 1813. Las razones de su elección son varias:
en primer lugar, el hecho de que fuera un parlamentario extremeño, el cacereño Antonio Oliveros, el que planteara por primera vez en las Cortes el asunto de la enajenación de terrenos baldíos y de propios; en segundo lugar, por el relevante papel que tuvieron ocho de los doce diputados que representaban a Extremadura, algunos de los cuales formaron parte de las comisiones de Baldíos y de Agricultura que se constituyeron en el seno de las Cortes; y, por último, en el hecho significativo de que fuera Extremadura el centro de atención y el referente de los parlamentarios gaditanos sobre este tema.
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