Resumen de Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional

Andrea Planchadell Gargallo, Catalina Vidales Rodríguez

• español

  El decomiso ha experimentado una constante expansión que lo aleja de la figura inicialmente prevista. Dicha ampliación obedece al convencimiento de que constituye un instrumento especialmente útil para poner freno a ciertas formas de delincuencia. Sin negar esta aptitud, no puede dejar de denunciarse que en la transformación operada tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal y de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, los argumentos utilitaristas han primado sobre otro tipo de consideraciones y, lo que es más grave, esa pretendida eficacia pone en tela de juicio la vigencia de principios y garantías que nos parecen irrenunciables en un Estado de Derecho. Por ello, el principal objeto de este trabajo ha sido el de plantear las objeciones que, en sede constitucional, suscita la nueva regulación y que pudieran empañar su validez.

• English

  Confiscation has experienced a continuous expansion drifting it apart from the institution initially foreseen. This enlargement obeys to the convincement that we face up, without doubt, to an especially useful tool to put an end to certain manifestations of crime. Not denying this usefulness, we cannot no avoid condemning that this transformation, due to the passing of the Organic Law 1/2015, 30th march, modifying the Criminal Code, and the Law 41/2015, 5th October, modifying the Criminal Procedure Code for the facilitation of criminal justice and strengthening of procedural guaranties, the utilitarian arguments have been given preference to another considerations and, what is worse, that claimed efficacy challenges the validity of principles and guarantees which are – to us – inalienable in the Rule of Law. Thus, the aim of this work is to give rise to those objections that, constitutionally speaking, arouses the new regulation and may stain its validity.