En base al estudio caracterización de la población inmigrante en Chile se analizó el perfil de las personas inmigradas y sus niveles de acceso al sistema de salud, educación, vivienda y trabajo y cómo particularmente se presentan diferencias entre hombres y mujeres. Revisando las normativas vigentes en el país se constataron similitudes y diferencias con el caso español en base a las evidencias de estudios similares desarrollados en España.
Las hipótesis planteadas fueron:
1) Un mayor registro de lapoblación inmigrada permite un incrementoen el proceso de regularización del tipo de residencia en los países analizados según muestras fuentes secundarias, normalizando el acceso a las prestaciones sanitarias, educativas, de trabajo y de vivienda, lo que incide principalmente en la inclusión de las mujeres inmigrantes.
2) Los niveles educativos más altos en algunas las personas inmigradas facilitan el proceso de inclusión reduciendo sus condiciones de vulnerabilidad, por el contrario las personas con niveles educativos menores presentarías mayores problemas de inclusión ya que poseen menos acceso a las prestaciones por tener escaso acceso a la información.
En el caso de Chile los resultados indican que los programas sanitarios no poseen mecanismos de divulgación orientadas a este colectivo, lo que obstaculiza el acceso por falta de información y no sólo por barreras legales.
Las barreras de inclusión en el caso de Chile son estructurales, sociales y administrativas, afectando mayormente a las mujeres.
En caso de España las normativas vigentes y accesos a las prestaciones sanitarias tienen algunas diferencias según comunidades autónomas, no obstante existen similitudes y diferencias con el caso chileno, pues en Chile se combina lo público-privado, centra el acceso a través del pago (ya sea por cotizaciones o directo) lo que implica estar trabajando o disponer de las condiciones económicas mínimas. Las prestaciones a extranjeros/as existen, pero el acceso es restringido. También se constató que el temor de la población inmigrante en situación de ingreso irregular al país limita su acceso a las prestaciones sanitarias por temor a la expulsión o deportación.
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