Resumen de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas
Es consciente el legislador de las consecuencias de la realidad socioeconómica actual, que califica de “compleja y dura”, resultante del enorme impacto de la crisis financiera acontecida en la última década, con el aumento del número de personas y familias en situación vulnerable y exclusión residencial.
Y es consciente también, que paralelamente a ello, sin justificación en motivos de necesidad, sino de lucro desalmado y oportunista ante quien se ve privado de vivienda y en situación desfavorecida, ha ocupado ilegalmente viviendas, incluso destinadas al alquiler social, extorsionando también a los legítimos propietarios o poseedores.
La alarma social y sensibilidad ante el problema han alimentado y enmascarado dichas situaciones, provocando el desarrollo sistémico de voraces organizaciones de carácter, incluso, mafioso.
Se concluye por tanto, que los cauces legales previstos en vía civil para obtener el desalojo no son satisfactorios y se demoran temporalmente agravando el problema de los legítimos poseedores que, a su vez, se encuentran con dificultades económicas y familiares.
