Urge una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que implemente los mecanismos legales necesarios para dotar al contrato de arrendamiento de vivienda de la flexibilidad necesaria para garantizar la necesaria estabilidad de quién arrienda el inmueble para establecer allí su domicilio familiar, sin dejar de garantizar una rentabilidad económica al propietario.
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