Desde sus inicios en 1950, la construcción europea implica un marco institucional paneuropeo que repudia la guerra, generando «solidaridades de hecho» entre los países. Con el impulso inicial del sector público, el proyecto europeo busca facilitar que la iniciativa privada, los operadores económicos y el sistema de precios relativos actúen libre y eficientemente en un mercado único. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) constituye la oportunidad más reciente para adaptar voluntariamente la normativa en todos los niveles administrativos de España. La experiencia acumulada desde la función de promoción de la competencia en las distintas autoridades de competencia de España permite proponer diversas mejoras referidas a la aplicación de la legitimación activa del artículo 27 de la LGUM. Partiendo de los principios de transparencia, independencia, interpretación procompetitiva de la ley y ambición (TILA), el artículo incorpora doce recomendaciones para reforzar la aplicación de la LGUM y de este modo aumentar el bienestar.
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