La aprobación de la Ley de Extranjería en noviembre de 2003, resultado de la segunda reforma que hizo el PP de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, provocó numerosas críticas por pare de la mayoría de las organizaciones sociales que trabajan a favor de los derechos de los inmigrantes, y una justificada alarma entre éstos.
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