Por haber tardado en aplicar el Derecho de la Unión relativo al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se condena a Grecia a una suma a tanto alzado de 5 millones de euros y a una multa coercitiva decreciente de 3,28 millones de euros por semestre de retraso. El Tribunal de Justicia ya había declarado una primera vez el incumplimiento de Grecia en una sentencia de 2004.
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