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Un paso más en la Cooperación Judicial Europea en materia de protección de víctimas: la Directiva 2011/99/UE y su transposición al ordenamiento jurídico español

  • Autores: Raquel Borges Blázquez
  • Localización: Revista General de Derecho Procesal, ISSN-e 1696-9642, Nº. 44, 2018
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      La Unión Europea surgió como una unión económica para, poco a poco, ir estrechando lazos entre los diversos países que la forman. A día de hoy, la libre circulación de mercancías ha dejado paso a la libertad de circulación de ciudadanos europeos. Es por ello que el siglo XXI está llamado a construir Europa a través de la protección de las víctimas para así garantizarles el derecho a circular libremente por el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) y a hacerlo protegidas. La Directiva 2011/99/UE, reguladora de la Orden de Protección Europea, se encuentra entre los instrumentos de protección transnacional de víctimas. Esta directiva, haciendo uso del principio de reconocimiento mutuo, incluye tres medidas de protección de víctimas y fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

    • English

      The European Union emerged as an economic union to, step by step, strengthen ties between the member countries. Today the free movement of goods throughout international borders has led to freedom of movement for the European Citizens. This is why the 21st Century is called upon to build Europe using victim protection in order to guarantee victims the right to move freely inside the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) and in order to preserve their personal safety. Directive 2011/99 / EU, on the European Protection Order, is one of the instruments for the transnational protection of victims. This directive makes use of the principle of mutual recognition and includes three measures of protection of victims. Directive 2011/99/UE was transposed into the Spanish legal system through law 23/2014 of mutual recognition of criminal resolutions in the European Union.


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