Desde hace más de diez años Andalucía avanza en el camino de la digitalización, apostando por una nueva generación de derechos ciudadanos y una nueva forma de relación entre la Administración Pública y las personas. Una senda que se inició allá por el año 2003 cuando se promulgó el Decreto 183/2003, de 24 de junio, que reguló la información y atención al ciudadano, y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), que fue pionero a nivel nacional. La Comunidad Andaluza se encuentra hoy en condiciones favorables para aplicar las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administración Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Prestigiosos informes nos reconocen entre las tres primeras Comunidades Autónoma.
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