Desarrollo rural en España: una política de estado inaplazable

• Jesús G. Regidor ^[1]
  1. [1] Universidad Autónoma de Madrid

     Universidad Autónoma de Madrid

     Madrid, España

     
• Localización: Documentación social, ISSN 0417-8106, Nº 185, 2017 (Ejemplar dedicado a: Riesgos demográficos y políticas públicas en la España rural), ISBN 978-84-8440-747-8, págs. 103-119
• Idioma: español
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• Dialnet Métricas: 2 Citas
• Resumen
  • español

    La atención que a finales del siglo pasado y principios del actual recibía el medio rural de los fondos europeos no ha tenido la eficacia que cabía esperar, en gran medida por la falta de una política propia de desarrollo rural con criterios territoriales de asignación eficiente de inversiones.

    Con este punto de partida, se describe, como una oportunidad perdida, el proceso que llevó a la aprobación en 2007 de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, así como los errores, resistencias y debilidades que impidieron su correcta aplicación.

    Durante este proceso la política rural de la UE se ha ido convirtiendo en un apéndice se- cundario de la PAC, con una aportación muy minoritaria para medidas multisectoriales y territoriales, de modo que su impacto sobre el desarrollo rural de los países que no cuentan con políticas propias, es muy débil.

    Hoy la política rural de la PAC no compensa la pérdida de cohesión social y territorial que ocasionan la mayoría de sus medidas, y el medio rural se ha visto amenazado de nuevo tanto por el bloqueo de la capacidad de gasto de los municipios, consecuencia de la legislación so- bre estabilidad presupuestaria, como por la «reforma local», lo que hace más inaplazable una política rural de Estado, que exige contar con unidades territoriales eficientes (comarcas), así como con la colaboración de todas las administraciones.

    Al artículo recoge con profusión textos del autor, que ha hecho un detallado seguimiento del tema durante el periodo analizado.

  • English

    European funds targeting the countryside in the late twentieth and early twenty-first centu- ries proved to be less effective than expected, largely for want of a specific rural development policy to ensure efficient investment allocation based on territorial criteria.

    Against that backdrop, the process that led to the 2007 enactment of the Act for Sustainable Development of the Countryside, along with the errors, resistance and weaknesses that pre- vented its satisfactory application are described as a lost opportunity.

    Throughout that process the EU's rural policy has gradually become a secondary appendix to the CAP, characterised by scantly funded multi-sectoral and territorial measures with a concomitantly weak impact on the rural development of countries lacking policies of their own.

    Today’s CAP fails to offset the loss of social and territorial cohesion generated by most measu- res, to the detriment of a countryside jeopardised by the dual effects of cutbacks in municipal spending mandated by budgetary stability legislation and ‘local reform’. Consequently, the need for state-wide rural policy, which must include the creation of efficient territorial units (counties), and for cooperation among all levels of government is more pressing now than ever.

    The article contains a profuse discussion of texts published by the author, who has studied the subject in depth over the period analysed.