Tras casi cuatro décadas de vigencia, la Constitución española se mantiene prácticamente en su redacción original –exceptuando dos cambios impulsados desde la UE (1995 y 2011)–. El debate sobre la necesidad de su adaptación a las nuevas circunstancias crece en intensidad, especialmente después de la intervención de la autonomía catalana, pero la resistencia del Partido Popular hace muy difícil cualquier reforma en profundidad.
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