e aborda la pretensión cautelar de suspensión de las medidas adoptadas por el Gobierno en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, además de la valoración de los presupuestos para la adopción de la medida, ha planteado diversas cuestiones procesales como la propia competencia del Tribunal Supremo o la legitimación activa de los solicitantes.
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