La llegada de la nueva dinastía Borbón supuso la apertura de un tiempo de reformas que afectan al régimen municipal. La intención era doble. Por un lado, dar solución a alguno de los principales problemas que aquejaban a los ayuntamientos (crisis financiera, abusos de poder, desidia de los capitulares...). Por otro, incrementar el intervencionismo estatal haciendo más palpable, si cabe, sus competencias supervisoras, en particular, las de la fiscalización sobre los recursos hacendísticos. Todo ello, manteniendo en sus líneas básicas la estructura político-administrativa existente basada en un acuerdo tácito entre la monarquía y las oligarquías de cada municipio, aunque introduciendo un elemento discordante: los nuevos cargos electos de diputados del común y síndico personero.
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