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Ilegalidad urbanística: acerca de los límites entre el injusto penal y las infracciones administrativas

    1. [1] Universidad de Sevilla

      Universidad de Sevilla

      Sevilla, España

  • Localización: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, Nº. 19, 2017
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El trabajo plantea algunas de las cuestiones que suscitan las relaciones de las previsiones penales con la previa regulación administrativa en materia de ordenación del territorio. Por una parte, y sobre la base de la ausencia en la letra de la ley de criterios formales de delimitación del orden penal adquiere especial importancia la labor interpretativa realizada por la doctrina y los Tribunales de justicia en orden a depurar los casos en que proceda la intervención penal, evitando su aplicación a costa de la que corresponde al orden administrativo. Por otra parte se plantea la cuestión inversa, relativa a si en ocasiones pudieran ser las previsiones administrativas las que invadan competencias que en principio corresponden al legislador penal, como pudiera suceder en el caso de un cambio sobrevenido de la normativa administrativa que integra el precepto. Se reclama en todo caso la necesidad de manejar criterios sólidos que eviten en la medida de lo posible la inseguridad jurídica y el consiguiente riesgo de aplicación desigual del precepto a situaciones sustancialmente idénticas.

    • English

      The paper deals with some of the issues raised by the relationship between criminal provisions and previous administrative regulation in terms of land use planning. On the one hand, and on the basis of the absence in the letter of the law of formal criteria for delimitation of the penal order, special importance is attached to the interpretative work carried out by the doctrine and the Courts of Justice in order to clarify the cases in which the intervention, avoiding its application at the expense of the administrative order. On the other hand, the inverse question arises as to whether it might be administrative provisions that invade competences that in principle belong to the criminal legislator, as might happen in the case of an overriding change in the administrative rules that integrate the precept. It is proposed in any event the need to manage sound criteria that avoid, as far as possible, legal uncertainty and the consequent risk of unequal application of the precept to substantially identical situations.


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