El objetivo de este trabajo es analizar la admisibilidad de que la progresión de grado y la libertad condicional de los condenados por terrorismo se hagan depender de conductas o actitudes que revelen una suerte de auto-reprobación moral del infractor y una revisión crítica de su pasado delictivo. La contribución analiza la normativa española de acceso al tercer grado y a la libertad condicional y destaca, además de disfuncionalidades notorias, serios problemas de legitimidad desde el punto de vista del derecho a no incriminarse y del derecho a la libertad ideológica. También se analizarán los peligros que derivan de que se apliquen a un contexto plenamente judicializado como es la ejecución penitenciaria los enfoques propios de la justicia transicional y de justicia restaurativa que han proliferado desde que ETA anunciase el cese definitivo de su actividad.
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