Con esta ponencia buscamos compartir algunos resultados de trabajo interdisciplinario que articula la investigación y la extensión para abordar la problemática del acceso a derechos de adolescentes que transitan programas de control penal.
En el acercamiento a distintos actores vinculados a instituciones de la SENAF[2] que alojan a los jóvenes privados de la libertad o aplican, luego del encierro o en vez del mismo, medidas alternativas a la privación de libertad; nos encontramos con una diversidad de actores, trayectorias y compromisos de quienes, de una u otra forma, están a cargo de llevar a cabo lo que la institución se propone explícitamente con estas medidas: restituir derechos vulnerados a los adolescentes.
Sin embargo, la experiencia muestra que los incipientes intentos de desarrollar acciones orientadas hacia ese objetivo, quedan minimizados ante las dinámicas que históricamente permanecen en entornos institucionales altamente obstaculizadores de dicha posibilidad.
Las lógicas imperantes, tan similares a las carcelarias, permanecen orientadas al paradigma de la situación irregular o, mejor dicho, crean un híbrido: la “protección irregular”. Este paradigma, a diferencia de su significado en ciencias naturales, sí produce efectos y consecuencias que impactan en las subjetividades.
Reconociendo que, en los hechos, la edad de imputabilidad ha bajado, nos preguntamos cómo afectan estas dinámicas carcelarias no sólo a las subjetividades de los y las adolescentes entre 13 y 18 años que allí permanecen sino también, en los técnicos, profesionales y operadores, en sus procesos de apropiación del paradigma de derechos.
En este contexto, adverso para que el Paradigma de la Protección Integral de Derechos prenda y se aprehenda, nos encontramos a su vez con diferentes espacios, generalmente dependientes de instituciones educativas, que instituyen otras prácticas, que producen otros vínculos y dan lugar a otros procesos de subjetivación.
Batallando en dinámicas institucionales que se estructuran como ordenamientos no sólo normativos, sino más bien como un orden simbólico y una cultura que instaura modos legitimados de ser y de vivenciar las prácticas allí impartidas, estos espacios educativos terminan siendo vividos, por los adolescentes, como “la libertad dentro del encierro”. Sin embargo, para otros actores institucionales estas actividades artístico-culturales tienen la finalidad de distraer y entretener a los/las adolescentes, para otros, mitiga el efecto del encierro, para algunos son una amenaza a la seguridad institucional, desde nuestra perspectiva se instituyen como espacios “islas de ejercicio de derechos”. Pequeñas islas que, en un mar de vulneraciones, rescatan náufragos que, por un tiempo y un lugar limitados en sus vidas, intentan construir balsas que avizoran un horizonte diferente.
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