El ordenamiento jurídico prevé un distinto régimen disciplinario respecto de los funcionarios públicos y de los altos cargos. La responsabilidad en la gestión y el desempeño de la función pública exige un control por parte de la Administración pública. Dicho control debe centrarse en la exigencia del cumplimiento de las normas que garanticen el correcto funcionamiento y prestación de los servicios públicos. Sin controles ni responsabilidad la gestión pública se ve afectada. Por este motivo se analiza si se exige el mismo grado de responsabilidad a los funcionarios públicos y a los altos cargos.
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