El artículo 28.2 de la Constitución Española «reconoce» el derecho de los trabajadores a realizar huelgas. A partir de este dato, los altos tribunales españoles sostienen que el precepto citado prohíbe cualquier conducta que impida conseguir los objetivos perseguidos por una huelga, como la conducta de una empresa consistente en sustituir los trabajadores en huelga por otros trabajadores de la misma empresa que no secundan la huelga. El objetivo de este trabajo es criticar esta tesis.
The article 28.2 of the Spanish Constitution «recognizes» the right of workers to strike. Based on this information, the Spanish High Courts argue that the aforementioned provision prohibits any conduct that prevents the pursuit of the objectives pursued by a strike, such as the conduct of a company consisting of substituting striking workers for other workers in the same company who do not support the strike. The objective of this paper is to criticize this thesis.
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