La aportación de las instituciones universitarias al debate sobre la implantación efectiva del trabajo decente podría ser canalizada a través de tres grandes líneas básicas de actuación: su contribución desde una óptica iuslaboralista a la necesaria dotación de eficacia jurídica al concepto de trabajo decente, la apertura de líneas de investigación que analicen el impacto social del cada vez más acelerado proceso de robotización y digitalización de los sistemas productivos, con los efectos sobre el empleo que ello implicará, y la creación de grupos de investigación interdisciplinares que pongan su enfoque en la superación de las contradicciones a las que sin duda se enfrentará esa futura sociedad post-laboral.
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