El Estado colombiano ante un arbitraje internacional de inversión

• Autores: María Natalia Castro Peña
• Localización: Revista Derecho del Estado, ISSN 0122-9893, ISSN-e 2346-2051, Nº. 38, 2017, págs. 23-66
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Colombia before an international investment arbitration
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• Resumen
  • español

    Los “acuerdos internacionales de inversión” otorgan una serie de garantías y derechos a la inversión extranjera establecida en los Estados receptores; la protección de estos derechos está dada por los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado. Hasta ahora, Colombia está enfrentando por primera vez el reto de defenderse ante un panel arbitral internacional. Para tal propósito, el Estado colombiano ajustó su esquema institucional e implementó mecanismos para prevenir y atender efectivamente las controversias surgidas de estos tratados internacionales, a través de un marco jurídico por etapas, el cual está comprendido por una fase de arreglo directo y una de arbitraje. En línea con lo anterior, se adoptó una política para capacitar sobre los tratados internacionales y comprender su alcance, identificar los riesgos, prevenir las controversias y reducir el riesgo de demandas por las actuaciones de cualquier órgano del Estado.

  • English

    International Investment Agreements provide guarantees and rights to the foreign investment in the receiving States, the protection of these rights is given by investor-state dispute settlement mechanisms. Thus far, Colombia is facing for the first time the challenge of defending itself before an international arbitration panel. For this purpose, the Colombian State adjusted its institutional scheme and implemented mechanisms to effectively prevent and address the disputes arising from these international treaties, through a stages’ legal framework, which is comprised of a negotiation and arbitration phase. In accordance with the above, a policy was adopted in order to train and understand the scope of these international treaties, identify the risks, prevent investment disputes and reduce the risk of claims from the measures taken by any State agency.