El terremoto ocurrido el pasado 16 de abril de 2016 en la costa de Ecuador, dejó al descubierto no sólo la precariedad y vulnerabilidad de las poblaciones que habitan en la costa, sino el abandono y desinterés de las administraciones públicas en invertir en calidad de vida una de las regiones más pobres del país. La gestión de la crisis ha priorizado la ayuda a las empresas mediante mecanismos de control territorial que utilizan la vulnerabilidad y la falta de medios en momentos de incertidumbre.
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