En el Acuerdo de París, prácticamente todos los países del mundo acordaron llevar a cabo acciones individuales y perseguir objetivos comunes. No obstante, las acciones individuales previstas no son suficientes para alcanzar esos objetivos. Una conclusión esperanzadora es que el proceso posterior al Acuerdo de París implicará un incremento gradual de los compromisos de los países y contar con instrumentos más efectivos, incluso con un precio para el carbono. Este precio podría derivar de un sistema de límites máximos y comercio con metas de emisiones de carbono muy restrictivas o bien podría lograrse mediante un impuesto. Muchos países necesitarían una reforma tributaria que contemple impuestos medioambientales que proporcionen ingresos para el Estado con la menor distorsión posible para el mercado. Un impuesto a los combustibles cumple esta función, ya que implica una corrección en función del daño ambiental generado por las emisiones.
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