Los recortes presupuestarios en el empleo público no impiden el aumento de los servicios a prestar por las Administraciones, propiciando el empleo del contrato administrativo de servicios. Pero éste colisiona con a naturaleza laboral que podría subyacer en al relación que se establece entre la Administración y las personas que de hecho ejecutan las prestaciones contratadas.
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