El debate en España sobre la necesidad de castigar penalmente el enriquecimiento ilícito de empleados públicos

• Autores: Isidoro Blanco Cordero
• Localización: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, Nº. 19, 2017
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    La corrupción rampante en España y la insuficiencia de los recursos penales existentes para luchar eficazmente contra la misma han motivado la solicitud insistente desde determinadas fuerzas políticas de incluir en el Código penal español el delito de enriquecimiento ilícito. Son diversas las propuestas de los Grupos parlamentarios si bien la que más ha progresado en el ámbito parlamentario es la del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que presentó en septiembre de 2016 ante el Congreso de los diputados una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que incorporaba dicho delito. La experiencia de los países de nuestro entorno evidencia los problemas de constitucionalidad de un delito de este tipo, si se configura como delito de sospecha que invierte la carga de la prueba y vulnera el derecho a la presunción de inocencia, a no declararse culpable y a guardar silencio. Por ello, se proponen otras alternativas a este delito, como recurrir a la normativa administrativa para sancionar a los empleados públicos que no comuniquen los incrementos de patrimonio, al derecho tributario y al delito fiscal y, más recientemente, a las denominadas órdenes de privación del patrimonio no justificado (Unexplained Wealth Orders (UWOs).

  • English

    The widespread corruption in Spain and the insufficiency of the existing criminal instruments to fight effectively against it have motivated the insistent request from certain political forces to include the crime of illicit enrichment in the Spanish penal code. The proposals of the parliamentary groups are diverse, although the one that has made the most progress in the parliamentary area is the Parliamentary Group of Ciudadanos, who presented in September 2016 before the Congress of Deputies a proposal for an Integral Law to Combat Corruption and Protection of Whistleblowers. The experience of the countries of our environment evidences the problems of constitutionality of the crime of illicit enrichment, because it is incompatible with the presumption of innocence and violates the right to silence and the privilege against self-incrimination. Therefore, other alternatives to this crime are proposed, such as resorting to administrative regulations to punish public employees who do not disclose information about their increases in wealth, tax law and tax offenses, and, more recently, so-called Unexplained Wealth Orders (UWOs).