Despilfarro de fondos públicos y nuevo delito de malversación de caudales

• Autores: Nieves Sanz Mulas
• Localización: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, Nº. 19, 2017
• Idioma: español
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• Resumen
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    La reforma de los delitos de malversación, operada por LO 1/15, si bien necesaria no ha sido sin embargo suficiente. Su actual configuración como delito de administración desleal del patrimonio público, ciertamente da cabida a conductas que, como la venta de inmuebles a infraprecio, anteriormente no podían ser catalogadas como malversado- ras, pero sigue sin acoger de forma indubitada todos los comportamientos que debiera. Es urgente un concepto de perjuicio patrimonial público, de modo que, sin llegar al extremo no deseado de etiquetar como malversadora cualquier infracción de la normativa de ejecución presupuestaria, sí acoja los supuestos más flagrantes de despilfarro de fondos públicos, incluso cuando éstos tengan un destino también público. Gastos inoportunos, inapropiados o excesivos y que producen un grave daño al servicio al que fueron destinados. Hablamos de esas autopistas, aeropuertos y demás construcciones mastodónticas sin utilidad pública y con sobrecostes injustificables; de esos estudios e informes, tan caros como innecesarios e inútiles; y de esos suntuosos gastos en protocolo y representación que sonrojarían a cualquiera con un mínimo de ética. En definitiva, de todas esas infracciones flagrantes a los principos de eficiencia y economía que informan el gasto público (art. 31 CE) y que generan un grave perjuicio al patrimonio de todos. Prácticas más o menos habituales en las últimas décadas, que sin embargo no han tenido la respuesta deseada, pese a ser un buen reflejo de la corrupción enquistada a la sombra de los poderes públicos, o precisamente por ello.

  • English

    The reform of the crimes of embezzlement, operated by organic law 1/15, is necessary but not sufficient. Its current configuration as a crime of unfair administration of public assets includes behaviours, such as selling properties at price below their real value, but they are not all behaviours that should be. Therefore, a concept of public asset damage is necessary to accommodate also the most flagrant cases of wastefulness of public funds, even when they have a public destiny. Inopportune, inappropriate or excessive expenses that cause serious damages to the services to which they were destined. We are speaking about highways, airports and other constructions without public utility, useless reports, huge expenses in protocol and representation and all flagrant breaches of the principles of efficiency and economy that inform public spending. Common practices in recent decades that have not had the right response despite being a good reflection of the corruption.