José Luis Monereo Pérez, Juan Antonio Fernández Bernat
La Comisión Europea aprobó en el mes de abril del presente año una recomendación en la que se establecía un pilar europeo de los derechos sociales. A lo anterior se ha añadido una proclamación institucional del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de idéntico contenido. En principio, el establecimiento del pilar merece una valoración positiva, dado que implica volver a dar cierto protagonismo a la, un tanto olvidada, cuestión social europea y además puede contribuir a promocionar el acervo social existente. Sin embargo, a nuestro juicio, se trata de un mecanismo insuficiente y de alcance limitado en cuanto a la posibilidad de que pueda funcionar como contrapeso de las políticas, instrumentos y dispositivos que conforman la denominada como constitución económica
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