En este artículo se analiza la STJUE de 5 de abril de 2017 que ha establecido la incompatibilidad con el Derecho de la Unión de una legislación nacional como la española en virtud de la cual la admisión de un licitador al procedimiento de adjudicación «no se encuentre incluida entre los actos de trámite de un poder adjudicador que pueden ser objeto de un recurso jurisdiccional independiente».
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