El discurso sobre la ética pública no constituye una novedad en el ámbito de la Administración pública cuyo arranque actual podemos situar en Estados Unidos en los años 70, pero el contexto socioeconómico y la crisis institucional experimentada en España en la última década han traído a la actualidad de la Administración pública la necesidad de dotarse de instrumentos y mecanismos que permitan regenerar la confianza de los ciudadanos, ante la clara desafección provocada en la ciudadanía consecuencia del estallido de numerosos casos de corrupción en los últimos años. Como categoría relevante de estos instrumentos se encuentran los códigos éticos o buen gobierno, que están llamados a desempeñar un relevante papel en la conformación de marcos de integridad institucional (OCDE), y que para una mayor eficacia pueden conjugarse a modo de las técnicas de compliance existentes en el sector privado, con profundo arraigo en la empresa y que en un adecuado proceso de adaptación pueden revelarse como eficaces instrumentos de mejora de la calidad democrática de las instituciones, estableciendo un completo sistema organizativo de control y seguimiento como mecanismo de prevención de comportamientos ilícitos, a través de un proceso de la interiorización de la dimensión ética en la gestión pública.
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