La persistencia de la protesta popular en el noreste de Marruecos y sus reivindicaciones de un mayor bienestar social ponen de relieve el fracaso de los programas de desarrollo económico y de los proyectos de infraestructura encabezados por la monarquía. A pesar de la represión, la magnitud de las manifestaciones plantea la cuestión de una nueva reforma constitucional sobre bases más ambiciosas que en 2011.
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